A más tardar a fin de año el Ministerio Público terminará su investigación, paso previo al juicio oral. En los próximos meses se dictarán nuevos fallos sobre las multas que aplicó la SVS.
por Karina Ferrando C.
EL próximo jueves se cumplirán dos años desde que estalló el caso La Polar. El lunes 6 de junio de 2011, en una reunión extraordinaria de directorio, se discutieron por primera vez las irregularidades detectadas en el manejo del negocio del crédito, con masivas repactaciones unilaterales de clientes. Lo que vino después es materia conocida: el hecho esencial del jueves 9 de junio, en el que se reconocieron prácticas crediticias “no autorizadas por el directorio”; el fuerte impacto en las acciones, que perdieron 42% de su valor en Bolsa en un día; los cambios en el directorio y en la administración; el inicio de numerosos procesos judiciales civiles y penales, además de la investigación de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), y en paralelo, la aplicación de un plan que salva a la empresa, por segunda vez en su historia, de la quiebra.
A dos años de esos agitados días, el caso judicial está entrando en la recta final y pronto empezarán a conocerse las resoluciones de la justicia sobre las responsabilidades del mayor escándalo financiero de los últimos años en el mercado local.
El Ministerio Público, que abrió una investigación el 13 de junio de 2011 para determinar si se vulneraron artículos de la Ley General de Bancos y la Ley de Mercado de Valores, está en los últimos pasos de las pesquisas. “Por parte de la fiscalía, la investigación está muy avanzada, en su parte final. Estamos afinando algunos detalles sobre algunos tipos penales, pero muy avanzados y próximos a estar en condiciones de ir a un juicio oral”, explica el fiscal jefe de la Unidad especializada en lavado de dinero, delitos económicos y crimen organizado (Uldecco), José Morales, quien encabeza el equipo que está indagando el caso.
Dentro de los próximos días, adelanta, se realizará una audiencia de reformalización, en la que se precisará la acusación contra los imputados en el caso. “Es normal que previo a una acusación tan extensa y compleja como esta haya que adecuar algunos términos de la misma, pero se basa en los mismos hechos de la acusación. Esto deberá ser en los primeros días de junio”, dice.
Además del ex gerente general y ex presidente de La Polar, Pablo Alcalde; el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno, y la ex gerenta de Administración, María Isabel Farah(ver recuadro), están formalizados otros ex ejecutivos: Nicolás Ramírez, Santiago Grage, Martín González, Pablo Fuenzalida, Marta Bahamondes e Ismael Tapia.
Las formalizaciones de los ejecutivos abarcan temas como uso de información privilegiada, entrega de datos falsos al mercado y violación a la Ley General de Bancos, además de lavado de activos, cargo que la jueza Verónica Orozco no consideró suficientemente acreditado en 2011. La reformalización busca que la acusación final sea coherente con los hechos señalados al comienzo del proceso. “Se precisan fechas y hechos, por ejemplo”, afirma un abogado. Morales destaca que, como se trata de una reformalización, se referirá a los mismos nueve ex ejecutivos y ex directores formalizados en diciembre de 2011 y abril de 2012, pero deja abierta la posibilidad de que de aquí al cierre de la investigación la fiscalía acuse a más personas. “No puedo descartar que haya más”, dice.
Los plazos
El plazo que dio el tribunal para que concluya la investigación -y que ya fue ampliado en una ocasión- vence a fines de junio. Pero podría extenderse de nuevo, hasta mediados de diciembre, dado que, por ley, las investigaciones pueden durar hasta dos años desde la formalización de los acusados.
Entre los defensores de algunos de los imputados hay interés en que se extienda esta etapa. Hay abogados que afirman que la propia fiscalía requerirá más tiempo para agotar sus diligencias y estar lista para el juicio oral. Entre los factores que lo justificarían mencionan el cambio en el equipo del Ministerio Público, tras la salida del ex fiscal Luis Inostroza y la llegada de la fiscal Tania Sironvalle, quien, según dicen, debe interiorizarse a fondo en el caso.
Morales descarta esa hipótesis, pero no otra ampliación de plazos. “Nuestro primer objetivo es ajustarnos a los plazos dados por el tribunal, sin perjuicio de que estemos atentos a las solicitudes de defensores y querellantes respecto de diligencias que se estiman necesarias para esclarecer los hechos”, afirma.
Una de las defensas en esta situación es la de Pablo Alcalde. Su abogado, Jorge Bofill, afirma que hay trámites pendientes que no alcanzarán a concluir en un mes. “Para mí, es necesario que (la investigación) se prorrogue hasta que estén listas algunas diligencias, que dependían de cosas que se resolvieron más recientemente, como informes periciales, y del chequeo de antecedentes que se conocieron hace poco”, afirma. El jurista no ha definido cuánto tiempo más puede pedir.
La defensa de María Isabel Farah estaría en una situación similar. “Hace tiempo hemos solicitado declaraciones que están todavía pendientes. La fiscalía tiene un calendario y ha estado interrogando personas. Estamos esperando que la fiscalía termine su recopilación de antecedentes para solicitar peritajes nuestros”, cuenta el abogado Alex Carocca.
Una vez que se cierre la investigación, viene la etapa de preparación del juicio oral y, después, el juicio propiamente tal. Abogados de algunos de los imputados coinciden en que es difícil proyectar cuándo comenzará y sostienen que, en casos complejos, la audiencia de preparación puede extenderse incluso por más de un mes, como ocurre, por ejemplo, con el caso del incendio de la cárcel de San Miguel.
Carocca comenta que esta etapa es muy relevante, pues en ella se establece cuáles son los cargos precisos y las pruebas que se van a presentar en el juicio oral. “Después se dicta una resolución de apertura de juicio oral, donde va el resumen de las acusaciones y medios de prueba, listas de testigos, documentos, peritajes, etc. Y hay que ceñirse a ese listado”, explica. Esta etapa se realiza ante el juez de garantía. Luego, el caso pasa al tribunal oral en lo penal, compuesto por tres jueces.
El fiscal Morales señala que cuando se haga la audiencia de preparación de juicio oral podría tener más claridad sobre la fecha del juicio.
Temas pendientes
Mientras Bofill dice que se están preparando para un juicio que califica como “difícil”, Miguel Chaves, defensor de Julián Moreno, opina que el caso ha ido cambiando de matiz en estos años. “Lo que partió como el caso de las repactaciones unilaterales se transformó, en la actualidad, en un caso sobre estados financieros. Sobre eso, Julián Moreno no tiene nada que ver, su responsabilidad era cobrar”, señala. Desde la vereda contraria, el abogado de Farah asegura que “ya está bastante claro lo que pasó: esto fue fraguado por el área de Productos Financieros, que lo ocultó al resto de la empresa”. Con ello alude al área de Moreno.
Por ahora, el Ministerio Público sigue citando gente a declarar y revisando el copioso material que ha recopilado. “Faltan declaraciones importantes todavía”, dice Morales.
En el caso de los accionistas minoritarios, también hay acciones pendientes. La abogada Bárbara Salinas explica que en un breve plazo recibirán un peritaje que está realizando la Universidad de Santiago sobre el comportamiento de las corredoras de Bolsa respecto a las transacciones de acciones de La Polar. “Este también podría ampliarse a las auditoras externas y las clasificadoras de riesgo”, explica la abogada.
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