Más de ocho mil trabajadores despedidos a causa de la expansión del virus ISA, fuga de salmones, decenas de peces muertos, amenazas en el ecosistema y un inminente desastre ambiental, son sólo algunos de los antecedentes que han marcado a la antes llamada industria estrella.
Ante esta realidad, las organizaciones de la sociedad civil que conforman el Observatorio Laboral y Ambiental de Chiloé (Olach) declararon su preocupación ante la lenta implementación de las medidas anunciadas por las autoridades de Gobierno encaminadas a entregar soluciones reales a la grave situación laboral que afecta a los trabajadores de la industria del salmón en el sur de nuestro país.
AsÍ lo afirmó el experto de Olach, Martín Pascal: "El gobierno entregó 150 millones de dólares para respaldar a la industria y todo lo que sea el proceso de reconversión de la actividad y para los trabajadores se anunció un plan de cuatro millones de dólares que significa un 1,6 por ciento de lo que aportó a los empresarios, en los famosos planes de pro empleo, programas Sence de capacitación y algunos subsidios para trabajar en empleos temporales y los están entusiasmando con el plan Chiloé, opciones de trabajo en la construcción, pero no se tiene en cuenta que la mayoría o una parte muy importante de los operarios está quedando cesante sobre todo en las plantas de las mujeres", señaló Pascal.
Mientras en materia sanitaria se ha avanzado con una serie de propuestas y modificaciones a las actuales prácticas de cultivo del salmón, en términos sociales sólo ha habido anuncios y nombramiento de nuevos funcionarios, sin que en la práctica se entreguen soluciones reales para mitigar el impacto de la masiva cesantía.
Para Catalina Navarro de Oxfam, la situación social que hoy se vive en las regiones salmoneras del sur de Chile, configura una catástrofe de la magnitud de la que se vive en Chaitén.
Esto pese a lo cual las autoridades nacionales y regionales no ha realizado una fiscalización adecuada de los procedimientos de ejecución de los finiquitos laborales en el cumplimiento de los plazos comprometidos por los empresarios para los cierres de centros de cultivo y plantas de proceso, y en el debilitamiento de los sindicatos y otras prácticas antisindicales que se han manifestado con los despidos.
Frente a la actual situación de crisis, el Gobierno ha dirigido los esfuerzos hacia los empresarios, anunciando la entrega de créditos bancarios, sin proyectar una estrategia que involucre a todos los actores y una planificación que considere a todo el territorio que se ve afectado por la crisis sanitaria de la salmonicultura
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