El Gobierno argentino confió en que el juez neoyorquino Thomas Griesa acepte otorgar una medida cautelar que le brinde a Argentina un “plazo determinado” para poder resolver los problemas con sus acreedores sin apuros. Kicillof se puso al frente de la delegación argentina que se reúne con Pollack.
El ministro viajó de manera sorpresiva a Nueva York desde Caracas, Venezuela, donde acompañó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la cumbre del Mercosur celebrada hoy.
Kicillof descendió del vehículo que lo transportó hasta el edificio ubicado en el 245 de Park Avenue, alrededor de las 18.35 (19.35 en Argentina), para retomar la reunión que había pasado a un cuarto intermedio alrededor de las 15 (16 en Argentina).
El titular del Palacio de Hacienda ingresó al edificio junto con la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona; el secretario de Finanzas, Pablo López, y el secretario de Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Federico Thea.También participan de la reunión los abogados del estudio Cleary Gottlieb, que representan al país.
La importancia de la reunión -la quinta que Argentina celebra con el mediador designado por Griesa- radica en que mañana vence el plazo para que se efectivice el pago del depósito que el gobierno realizó para los bonistas con títulos reestructurados, que se encuentran bloqueados por decisión del juez Griesa.
El jefe de Gabinete del Gobierno de Cristina Fernández, Jorge Capitanich, reiteró ese pedido en coincidencia con una nueva reunión en Nueva York de los representantes de Argentina con el mediador judicial Daniel Pollack en busca de un acuerdo que evite al país caer en un cese de pagos técnico este jueves.
En el litigio planteado en EE.UU. por los fondos de inversión que poseen deuda argentina no reestructurada después del cese de pagos de 2001 existe “una actitud beligerante y de mala fe que no permite resolver el problema”, subrayó Capitanich.
El jefe del Gabinete criticó abiertamente las decisiones del juez Griesa, que ha fallado a favor de los fondos que reclaman al país el pago de unos 1.500 millones de dólares por deuda en mora desde 2001, y denunció “una serie de anormalidades” en el proceso en Nueva York.
Griesa ha denegado a Argentina una medida cautelar para poder pagar a sus otros deudores, los que poseen bonos reestructurados en 2005 ó 2010 (el 92,4 % del total de los acreedores), y recomendado a los bancos que congelen el dinero enviado para hacer esos pagos.
Si estos acreedores no reciben los pagos el 30 de julio, el país suramericano caería en un “default” técnico, algo que el Gobierno argentino no reconoce.
“Argentina pidió la suspensión de la sentencia para establecer condiciones de negociación justas, equitativas y legales”, reiteró hoy Capitanich en su rueda de prensa diaria.
En ese sentido, subrayó que Argentina “ha estudiado todas las variantes y ha hecho las presentaciones correspondientes defendiendo el interés nacional y la soberanía con una posición clara de reestructuración de la deuda”.
Reiteró que Argentina pagó y cumplió con sus obligaciones financieras “con el 92,4% de los bonos reestructurados” y “se sometió a esa jurisdicción porque este Gobierno no tomó la deuda y ninguno de los litigantes puso un solo dólar”.
Capitanich aseguró que “nada es imputable en términos de responsabilidad de este Gobierno, que se hizo cargo de una deuda que otros contrajeron para cancelarla en tiempo y forma en virtud de la capacidad de pago”.
“Se observa que el sistema judicial de los Estados Unidos permite una serie de anormalidades en este proceso y tenemos una gran preocupación porque observamos claramente el sistema de juego de tres bandas”, dijo.
“Y eso -prosiguió- debe ser investigado por un sistema judicial serio e institucional, ya que es propiciar un proceso de manipulación de cotizaciones de mercado y en esas condiciones no es transparente y genera una alteración del comportamiento de un sistema financiero internacional respecto a países soberanos”.
Capitanich reiteró que “Argentina pagó y cumple, y en definitiva son otros los sectores los que tienen que hacer valer sus derechos, como los tenedores de bonos estructurados que deben exigir que el juez tome una decisión respecto a la presentación de carácter judicial”.
Insistió en que la posibilidad de una suspensión de pagos técnica es “un invento de las calificadoras de riesgo y de grupos minúsculos especuladores del sistema, y deben explicar al mundo porque impiden cobrar lo que la Argentina ha pagado”.
Para Capitanich, será “el primer caso en el mundo que un deudor paga y existe un juez que pretende interpretar lo contrario, y en definitiva un acreedor no puede declarar el default de nadie”
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