Hace exactamente un año la presidenta Michelle Bachelet anunció en el salón Montt-Varas el envío al Congreso del proyecto de agenda laboral que busca modernizar el sistema de relaciones laborales. En ese entonces, se barajaba que la ruta trazada para la reforma sería veloz y que sólo enfrentaría los contratiempos esperables que incluso debió sortear meses previos al interior del oficialismo, cuando muchos constataban que el envío del texto peligraba en medio de la desaceleración económica y la gastada relación que se dejaba entrever con el empresariado.
En ese entonces, se esperaba que el despacho del articulado se concretara antes del envío del Presupuesto en septiembre y después se pensó que podría ser ley antes del reajuste del sector público.
Pero luego los plazos se fueron postergando, a tal punto que el gobierno decidió no comprometer fechas debido a la apretada discusión en el Congreso. Así, a un año de su ingreso, la mayor reforma laboral en 35 años recién materializaría su despacho el próximo año. Y, junto a ello, cargando con las altas probabilidades de que el proyecto deba sortear la valla del Tribunal Constitucional. Esto, porque el Partido Comunista buscará llegar más allá de un tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados para resguardar pilares fundamentales vinculados a la huelga.
Si bien desde los inicios la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) aplaudió la iniciativa como una forma de saldar una histórica deuda con el mundo de los trabajadores, hoy -a partir del último set de indicaciones ingresadas por el Ejecutivo el pasado 9 de diciembre-, las relaciones están “congeladas”, según aseguran desde la multisindical.
Al tradicional ‘tira y afloja’, se suman notorias diferencias internas al interior del oficialismo gestadas principalmente desde la Democracia Cristiana (DC) por parlamentarios del sector y también el apoyo explícito de figuras técnicas cercanas a la Nueva Mayoría que han validado desde agosto en diversas misivas el reemplazo interno.
Las cirugías
Las expectativas de los principales actores involucrados en el debate están lejos de ser auspiciosas. Más bien, apuestan a que el marcado optimismo representado por los parlamentarios oficialistas que aseguran el despacho de la iniciativa en enero próximo, se verá empantanado por los persistentes nudos que continúan poniendo en aprietos las gestiones encabezadas por la titular de la cartera del Trabajo, Ximena Rincón, y el jefe de las finanzas públicas, Rodrigo Valdés.
Tras doce meses en el Congreso, hay voces que aseguran que el proyecto actual en comparación al presentado en diciembre pasado, sigue teniendo las mismas fallas de origen y que promueve en gran medida la vulneración de derechos fundamentales.
Otros, en cambio, afirman que presenta retoques en la línea de afectar derechos de un lado para garantizar a la contraparte, alejándose del equilibrio en la relación laboral. En lo que va de tramitación, de hecho, uno de los pilares del proyecto -la prohibición del reemplazo en huelga- es una de las materias que más cirugía mayor ha requerido y su resultado es muestra de ello. Según comentan asesores del mundo empresarial, el rechazo de la comisión de Trabajo del Senado a la indicación que proponía que el empleador podría realizar “adecuaciones necesarias” en caso de huelga, no hace más que enrarecer los ánimos que se mostraban levemente optimistas frente a los “tintes moderados” que le imprimían al texto.
“Me parece un tema muy negativo que se haya eliminado el concepto que la huelga tiene que ser pacífica, por lo cual se deja abierto que la huelga puede ser cualquier cosa”, apunta el experto en relaciones laborales Huberto Berg.
Agrega que “cirugía positiva es restaurarle el derecho a los trabajadores de poder descolgarse de una huelga pasado determinados días. La otra cirugía menor que fue solamente un saludo a la bandera, es la readecuación que puede hacer el empleador fundamentalmente a temas de horarios”.
Con todo, quienes participan de las negociaciones prevén que el despacho del texto será la prueba de fuego de Teatinos 120, la carta que marcará la gestión de Bárbara Figueroa en la multisindical y el juicio ante una eventual continuidad de la NM en el gobierno.
MEWES: "ES UN RETROCESO"
Para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, la dilatación del debate de la reforma laboral ha sido "más positiva que negativa". La razón es que esta demora ha permitido profundizar el debate en el Congreso, lo que se ha traducido en que un grupo de senadores de la DC y el PPD consideraran algunas propuestas del empresariado, específicamente en materia de reemplazo en la huelga y extensión de beneficios.
La prolongación de la discusión "ha sido positiva", sostiene Mewes, quien reconoce que existe "frustración" en el sector privado, por los planteamientos que el gobierno ha desestimado. Ese sentimiento limita las esperanzas de los empresarios con la última etapa del debate. "Hay poco espacio. No se va a modificar nada sustancial y eso nos complica", señala el dirigente, quien puntualiza que si se realiza algún cambio "será muy pequeño y no va a cumplir con nuestras expectativas".
Mewes espera que el gobierno insista en la Sala del Senado con la indicación que permite a los empleadores impulsar "adecuaciones necesarias" durante la huelga, corrección que fue rechazada por la comisión de Trabajo, donde los legisladores oficialistas argumentaron que la moción "abre la puerta al reemplazo interno".
"Estamos viendo esta reforma como un retroceso. Es una reforma que está hecha sólo para el fortalecimiento de los sindicatos", expresa el presidente de la CNC.
SINDICATOS: "HA EMPEORADO"
Si bien dice no haber tenido muchas expectativas con el proyecto de reforma laboral, el dirigente del Sindicato Nacional de Jumbo, Sergio Fuentes, cree que su puesta en práctica será "más compleja aún". El antecedente en que se apoya dice relación con el complejo proceso de negociación colectiva que enfrentaron en abril.
"Nuestra próxima negociación es en 2018 y la reforma ya debiera estar vigente y también nos preocupa mucho eso. También hay puntos, como por ejemplo, que los dirigentes vamos a ser responsables prácticamente del 100% de todo lo que pase en esa huelga. Entonces, también nos coarta mucho la libertad en cuanto a acciones que se puedan tomar. Si ocurre un accidente durante la huelga los dirigentes seremos los responsables", explica. Por esto, asegura que la huelga continuará siendo una representación más bien simbólica y no una manifestación real.
Mientras, para el director de la Federación de Sindicatos de Ripley, Leandro Cortez, durante un año de tramitación "cada vez se ha empeorado más la reforma". Plantea que al menos tres pilares están "desvirtuados" (titularidad, extensión de beneficios y derecho a huelga sin reemplazo). En esa línea, asegura que los procesos de negociación colectiva no serán del todo armoniosos, ya que por un lado se está promoviendo la judicialización de las acciones por la vía de servicios mínimos u otro y el derecho a huelga real tampoco existe.
POLÍTICOS: EL "REEMPLAZO" DIVIDE
Pese a mantener profundas diferencias con la reforma laboral, los presidentes de la Democracia Cristiana (DC), Jorge Pizarro, y del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, concordaron en que el proyecto "es un avance" para el fortalecimiento sindical y una negociación colectiva más equilibrada.
Donde también coincidieron es en el plazo. La propuesta laboral del Ejecutivo debe ser despachada del Congreso "antes del 31 de enero", afirmaron.
Ambos legisladores reconocieron diferencias con el proyecto, especialmente con la indicación del gobierno que permite, al empleador, realizar "adecuaciones necesarias" en los puestos de trabajo durante la huelga, lo que ha sido calificado por parlamentarios oficialistas como un "reemplazo interno encubierto".
Así también lo considera el presidente del PC, partido que espera que la Sala del Senado ratifique el rechazo que ya manifestó la comisión de Trabajo. Si el gobierno insiste y repone la indicación -lo que es apoyado por la DC- los comunistas apelarán a una comisión mixta.
A pesar de las diferencias, tanto Teillier como Pizarro desdramatizan el impacto que la reforma laboral ha tenido en la convivencia interna de la Nueva Mayoría, especialmente entre la DC y PC, asegurando que si bien han existido "diferencias", la búsqueda de acuerdos es lo que prevalece.
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