2015/11/24

El desafío de la probidad

Por Pablo Frederick S., Director de Desarrollo Grupo Etcheberry.
No es posible obviar en cualquier balance del 2015, los aspectos éticos y valóricos que debieran regir nuestras relaciones económicas y sociales y que lejos de haberse fortalecido ante las alertas del año pasado, dan la impresión de estar más ausentes que nunca.

La ética empresarial, entendida como la aplicación de valores en la gestión de una organización, incluye tanto la forma como se organiza una empresa como las decisiones que toma.

Para la ISO 26000, guía para la Responsabilidad Social aprobada en 2010, "el comportamiento de una organización debiera basarse en los valores de honestidad, equidad e integridad" bajo el compromiso de considerar el "impacto de sus actividades y decisiones en los intereses de sus grupos de interés". Nada más alejado del sentir de la sociedad al terminar el año, con el consabido impacto reputacional que esto representa y la merma en la confianza y en el valor de las empresas.

Revertir esto es la gran tarea para los gobiernos corporativos y la alta dirección de las compañías chilenas. Esto por la dificultad de aplicar medidas que transmitan definiciones valóricas hacia la gestión, como por los aparentemente débiles controles que existen sobre quienes las implementan. La competitividad, la productividad y la eficiencia se esgrimen como duras razones que harían que la ética fuera un obstáculo para el éxito de los negocios, muy lejos de las necesidades de las empresas modernas.

Las NCG 385 de la SVS (Superintendencia de Valores y Seguros) emitida en junio pasado, apunta a reducir esta dicotomía requiriendo en los reportes de directorios de las Sociedades Anónimas Abiertas -en una lógica de cumpla o explique- mayor proactividad en la consideración de sus grupos de interés, incluidos los accionistas minoritarios, señalando formas de integrar en el valor de los negocios buenas prácticas éticas y de Responsabilidad Social. Esta norma se suma a la ley 20.393 de responsabilidad penal a personas jurídicas e incluye un modelo de prevención de delitos y a otras que apoyan el compliance y el seguimiento de la gestión. Nada nuevo si analizamos regulaciones de otros países de la OCDE o las crecientes demandas de inversionistas internacionales para colocar sus capitales en nuestros mercados.

El desafío, entonces, es incorporar la probidad como un activo que agregue valor a los negocios. Es aceptar que para el mercado actual, con grupos de interés más activos y exigentes, los valores en que se basa la gestión de las empresas son, definitivamente, parte del valor que logren mostrar en sus estados de resultado.


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