La multinacional española Movistar analiza los
fundamentos de la millonaria sanción que le impuso el Gobierno argentino
por fallos técnicos que en abril pasado dejaron sin servicio de
telefonía móvil a unos 18 millones de abonados, dijeron a Efe fuentes de la compañía.
Las fuentes confirmaron que la sanción, que obliga a la empresa a
resarcir a sus clientes con un total de 41 millones de dólares (31
millones de euros) que se suman a una multa por 1,5 millones (1,1
millones de euros), fue aplicada cuando la justicia argentina investiga
si los desperfectos técnicos fueron el resultado de un sabotaje.
La sanción a Movistar, una de las tres grandes operadoras de la
telefonía móvil en Argentina, fue impuesta este martes por la
“interrupción brusca del servicio” durante varias horas el 2 de abril
pasado.
El ministro argentino de Planificación, Julio De Vido,
explicó que la multa constituye una medida “ejemplificadora y
preventiva”, y pidió a las empresas de telefonía “no desinvertir ni
descuidar” su actividad.
En su momento, Movistar indicó que sus nodos de transmisión así como
los de respaldo (back up) sufrieron un desperfecto de forma simultánea,
fallo que fue superado en menos de cinco horas gracias a la movilización
de todos los recursos técnicos de la empresa.
Una investigación interna constató, según Movistar, que la caída del
servicio se debió a un sabotaje llevado a cabo desde fuera de la
empresa, por lo que el asunto fue denunciado a la justicia federal,
indicaron las fuentes.
Recordaron que la compañía ha pedido disculpas y resarcido con
beneficios gratuitos a sus clientes, pero las fuentes evitaron hacer
comentarios sobre la posibilidad de recurrir la sanción a la espera de
que se determine si el fallo técnico fue producto de un sabotaje.
En Argentina, donde hay unos 50 millones de teléfonos móviles, diez
millones más que la población del país, Movistar compite con la mexicana
Claro, Personal, de capitales argentinos e italianos, y la estadounidense Nextel.
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